El repudio al golpe militar y el reclamo por la aceleración de los juicios a los represores fue el pedido unánime. Decenas de miles de personas acompañaron la convocatoria de los organismos de derechos humanos y la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Por Laura Vales
Los organismos de derechos humanos marcharon juntos para “despertar a la Justicia”.
“Despertemos a la justicia con ruido, con silbidos, con cantos”, propuso la chica desde el escenario y abajo, en la Plaza de Mayo, la gente respondió con lo que tenía más a mano. Dos flaquitos que sostenían una pancarta la apoyaron en el suelo para aplaudir; el morocho del bombo hizo sonar el parche como en la cancha, y casi enseguida otros le siguieron el ritmo con las manos. Petardos, redoblantes, batucadas, cantitos. En el 33 aniversario del golpe del ’76, miles de personas reclamaron masivamente que se aceleren los juicios a los represores. Hubo dos marchas, una convocada por los organismos de derechos humanos y otra que reunió a las organizaciones de izquierda. Así, se hicieron dos actos con discursos muy diferenciados, durante una jornada en la que se pudo ver gente marchando a la plaza toda la tarde. Los primeros manifestantes llegaron al escenario montado junto a la Pirámide de Mayo a las tres y media, y cuatro horas más tarde todavía los últimos grupos seguían tratando de que se hiciera espacio para acercarse al lugar.
Clase media, trabajadores que fueron con sus sindicatos, piqueteros llegados en trenes desde el conurbano, militantes universitarios, gente sin adscripción a ningún grupo y militantes que se encolumnaron con su partido. Como todos los años, se volvió a ver esa mezcla: sobre la avenida de Mayo las columnas de las organizaciones sociales y políticas se formaron siguiendo el esquema acordado trabajosamente de antemano para la organización de la jornada, mientras por las veredas, saliéndose de ese orden, los manifestantes sueltos desbordaban el lento avance de las columnas. Como todos los años, también, se volvió a ver que la movilización es elegida por muchos padres para llevar a sus chicos a conocer una marcha del 24. Otro de los datos salientes es la cantidad de jóvenes que siempre logra reunir el repudio a la dictadura.
Los organismos
La primera de las marchas fue convocada por los organismos de derechos humanos. Organizada por H.I.J.O.S, Madres Línea Fundadora, Abuelas, Herman@s, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asociación por los Derechos Humanos (APDH), el Serpaj y el Medh, entre otros, la actividad estuvo precedida, el lunes, por un recital frente a los Tribunales para reclamar a la Justicia por la demora en los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Los organismos cuestionaron que a seis años de haberse anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “sólo haya 44 condenas”. Recordaron que “526 genocidas esperan el juicio oral”, pero por la lentitud de los procesos “192 represores ya murieron”, mientras otros 47 continúan prófugos. “Numerosos juicios se han reabierto desde que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueran declaradas inconstitucionales en el 2001, que el Congreso Nacional las anulara por ley en el 2003 y que la Corte Suprema ratificara este camino en el 2005”, reconocieron desde el escenario, donde un grupo de Madres de Plaza de Mayo leyó un documento consensuado. “Pero ¿cuántos decenios serán necesarios para condenar a todos los genocidas por todos los compañeros? Ya llevamos demasiados años exigiendo justicia. Todos los poderes del Estado tienen la responsabilidad de acelerar los procesos que se llevan contra los autores de crímenes de lesa humanidad y terminar con las consecuencias de los indultos”.
En esta edición, la entrada a la plaza de la marcha fue encabezada por una escuadra de bailarinas de La Chilinga, la escuela social de percusión y danza fundada por Daniel Buira, el baterista de Vicentico. Vestidas de blanco de la cabeza a los pies, unas cincuenta chicas bailaron al ritmo de la batucada. Atrás fue la tradicional bandera con las fotos de los desaparecidos y las columnas de los organismos. Siguieron las organizaciones sindicales –la CTA con sus gremios, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, la UOM Quilmes– y los movimientos sociales y políticos. Las organizaciones K tiñeron de celeste este tramo de la marcha: la Juventud Peronista, el Movimiento Libres del Sur, el Movimiento Evita, La Cámpora, el Frente Transversal, Nacional y Popular fueron algunas de ellas, casi todas con imágenes de Eva Perón en sus pancartas. También hubo agrupaciones que no integran el kirchnerismo, como el Encuentro por la Democracia y la Equidad –del intendente de Morón, Martín Sabbatella–, Proyecto Sur –de Pino Solanas–, el Partido Comunista y la UCR.
Los organismos cuestionaron que a seis años de haberse anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “sólo haya 44 condenas”. Recordaron que “526 genocidas esperan el juicio oral”, pero por la lentitud de los procesos “192 represores ya murieron”, mientras otros 47 continúan prófugos. “Numerosos juicios se han reabierto desde que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueran declaradas inconstitucionales en el 2001, que el Congreso Nacional las anulara por ley en el 2003 y que la Corte Suprema ratificara este camino en el 2005”, reconocieron desde el escenario, donde un grupo de Madres de Plaza de Mayo leyó un documento consensuado. “Pero ¿cuántos decenios serán necesarios para condenar a todos los genocidas por todos los compañeros? Ya llevamos demasiados años exigiendo justicia. Todos los poderes del Estado tienen la responsabilidad de acelerar los procesos que se llevan contra los autores de crímenes de lesa humanidad y terminar con las consecuencias de los indultos”.
En esta edición, la entrada a la plaza de la marcha fue encabezada por una escuadra de bailarinas de La Chilinga, la escuela social de percusión y danza fundada por Daniel Buira, el baterista de Vicentico. Vestidas de blanco de la cabeza a los pies, unas cincuenta chicas bailaron al ritmo de la batucada. Atrás fue la tradicional bandera con las fotos de los desaparecidos y las columnas de los organismos. Siguieron las organizaciones sindicales –la CTA con sus gremios, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, la UOM Quilmes– y los movimientos sociales y políticos. Las organizaciones K tiñeron de celeste este tramo de la marcha: la Juventud Peronista, el Movimiento Libres del Sur, el Movimiento Evita, La Cámpora, el Frente Transversal, Nacional y Popular fueron algunas de ellas, casi todas con imágenes de Eva Perón en sus pancartas. También hubo agrupaciones que no integran el kirchnerismo, como el Encuentro por la Democracia y la Equidad –del intendente de Morón, Martín Sabbatella–, Proyecto Sur –de Pino Solanas–, el Partido Comunista y la UCR.
Los sueltos
Guillermo, su mujer y sus dos hijos fueron de los “sueltos” de la marcha. “Vivimos en La Plata y este año decidimos venir a marchar acá”, contó él. ¿Por qué? “Pensamos que la plaza venía de ser ocupada por otra manifestación, que no tuvo nada que ver con lo que queremos sino con la idea de instalar la pena de muerte. Me parece que se vienen tiempos difíciles”, definió. Simón, de 14 años, llevaba puesta una remera con el reclamo de aparición con vida de Julio López; dijo que para él, ir a la marcha era “una forma de aprender”.
También Claudia, responsable de la murga infantil Los Zumbados, dio ese sentido a la movilización. “Teníamos ganas de venir hacía mucho”, relató. Viajó desde Moreno con 30 de los chicos. “Todos tienen ya una idea porque el tema del golpe se trata en los colegios, pero es importante que puedan venir y ver esto”, aseguró.
Guillermo, su mujer y sus dos hijos fueron de los “sueltos” de la marcha. “Vivimos en La Plata y este año decidimos venir a marchar acá”, contó él. ¿Por qué? “Pensamos que la plaza venía de ser ocupada por otra manifestación, que no tuvo nada que ver con lo que queremos sino con la idea de instalar la pena de muerte. Me parece que se vienen tiempos difíciles”, definió. Simón, de 14 años, llevaba puesta una remera con el reclamo de aparición con vida de Julio López; dijo que para él, ir a la marcha era “una forma de aprender”.
También Claudia, responsable de la murga infantil Los Zumbados, dio ese sentido a la movilización. “Teníamos ganas de venir hacía mucho”, relató. Viajó desde Moreno con 30 de los chicos. “Todos tienen ya una idea porque el tema del golpe se trata en los colegios, pero es importante que puedan venir y ver esto”, aseguró.
El Encuentro
A los reclamos de la primera marcha siguieron los de la segunda, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a trescientas organizaciones sociales y políticas. Los partidos de izquierda, sus movimientos sociales, los estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires aportaron las columnas más numerosas de esta movilización.
El Encuentro llevó en su cabecera la consigna “Basta de impunidad y represión” y difundió un documento con duras críticas al gobierno. “Desarmar la impunidad requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el gobierno no tiene”, señalaron allí. La Asociación de ex detenidos desaparecidos, la Liga Argentina por los derechos del hombre, el Centro de Profesionales por los derechos humanos fueron algunos de los que se ubicaron en la cabecera compartida con hubo dirigentes del Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el PTS, la Corriente Clasista y Combativa y la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), entre otros.
“A pesar de lo que dice el gobierno, el 95 por ciento de los genocidas están libres”, plantearon en el texto que leyeron sobre el mismo escenario de la Plaza de Mayo. De los condenados o procesados, “la mayoría siguen en escandalosas condiciones de detención en countries o dependencias militares”. Las organizaciones también criticaron “el tarifazo, los despidos”, “las cifras ridículas publicadas por el Indec” y “el pago de la deuda externa” como señales de que el gobierno pretende “salir de la crisis sin tocar a los verdaderos responsables”.
El reclamo por la desaparición de Julio López, el rechazo a los pedidos de mano dura, el rehusarse a tener una mirada policíaca de los problemas sociales fueron puntos muy presentes en la jornada.
Además de los cientos de carteles con la foto de López que llevaron los manifestantes a las marchas, hubo pancartas que contestaron los recientes reclamos por la pena de muerte. “Mientras piensan cómo matarnos, nosotros ya vivimos condenados a muerte”, decía una bandera escrita a mano con toda la impronta del conurbano. En otra también manuscrita se leía: “cuando se habla de pena de muerte, la humanidad retrocede en cuatro patas”.
Abrieron en La Perla un espacio de promoción de los derechos humanos
A los reclamos de la primera marcha siguieron los de la segunda, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reúne a trescientas organizaciones sociales y políticas. Los partidos de izquierda, sus movimientos sociales, los estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires aportaron las columnas más numerosas de esta movilización.
El Encuentro llevó en su cabecera la consigna “Basta de impunidad y represión” y difundió un documento con duras críticas al gobierno. “Desarmar la impunidad requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el gobierno no tiene”, señalaron allí. La Asociación de ex detenidos desaparecidos, la Liga Argentina por los derechos del hombre, el Centro de Profesionales por los derechos humanos fueron algunos de los que se ubicaron en la cabecera compartida con hubo dirigentes del Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el PTS, la Corriente Clasista y Combativa y la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), entre otros.
“A pesar de lo que dice el gobierno, el 95 por ciento de los genocidas están libres”, plantearon en el texto que leyeron sobre el mismo escenario de la Plaza de Mayo. De los condenados o procesados, “la mayoría siguen en escandalosas condiciones de detención en countries o dependencias militares”. Las organizaciones también criticaron “el tarifazo, los despidos”, “las cifras ridículas publicadas por el Indec” y “el pago de la deuda externa” como señales de que el gobierno pretende “salir de la crisis sin tocar a los verdaderos responsables”.
El reclamo por la desaparición de Julio López, el rechazo a los pedidos de mano dura, el rehusarse a tener una mirada policíaca de los problemas sociales fueron puntos muy presentes en la jornada.
Además de los cientos de carteles con la foto de López que llevaron los manifestantes a las marchas, hubo pancartas que contestaron los recientes reclamos por la pena de muerte. “Mientras piensan cómo matarnos, nosotros ya vivimos condenados a muerte”, decía una bandera escrita a mano con toda la impronta del conurbano. En otra también manuscrita se leía: “cuando se habla de pena de muerte, la humanidad retrocede en cuatro patas”.
Abrieron en La Perla un espacio de promoción de los derechos humanos
De campo de exterminio a sitio por la memoria
El acto en La Perla, que a partir de abril abrirá sus puertas al público dos veces por semana
La Perla, el mayor centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en el interior del país durante la dictadura, fue habilitado ayer en Córdoba como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Frente a una multitud que se reunió para conmemorar el 33º aniversario del golpe de Estado, se reclamó “que todos los genocidas sean enjuiciados”, así como una mayor celeridad de los juicios en curso. El público podrá visitar La Perla a partir de abril dos veces por semana, aunque la sala de torturas estará vedada hasta que finalicen las pericias judiciales que aún se realizan allí.
“Por más genocidio que haya, la vida siempre supera a la muerte”, aseguró Emiliano Fessia, coordinador de la Comisión Provincial de la Memoria, que abrió el acto con su discurso. También miembro de HIJOS, que agrupa a los hijos de desaparecidos durante la dictadura, Fessia destacó la habilitación al público del predio donde funcionó el campo de exterminio por el que pasaron cerca de 2500 personas, de los que la mayoría continúa desaparecida, porque así se le daba “vida a un lugar en donde antes entraban los camiones de la muerte”. Entre las autoridades presentes en el acto estuvieron el vicegobernador, Héctor “Pichi” Campana; la coordinadora general del Archivo Nacional de la Memoria, Judith Said, y la fiscal federal de Córdoba, Graciela Filoñouk, una activa promotora de las causas contra los delitos de lesa humanidad.
Ornamentado el Patio de Armas con las fotos de los desaparecidos, el acto contó con la presencia de los sobrevivientes y organismos de derechos humanos, además de legisladores y gran cantidad de público. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, resaltó la “obligación y la responsabilidad del Estado nacional y provincial por proteger y promover la memoria” y destacó la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de transferir el predio militar para utilizarlo como sitio de la memoria. También tomó la palabra Emilia D’Ambra, titular de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, e hizo hincapié en el reclamo a “los sectores del Poder Judicial que intentan poner trabas con recusaciones e incompetencia de jueces” para entorpecer los procesos judiciales a los represores.
Conocido también como “la Universidad” en la jerga castrense por su “avanzado” sistema de torturas, La Perla fue el centro de detención más importante fuera de Buenos Aires. Funcionó entre febrero de 1976, cuando todavía gobernaba Isabel Martínez de Perón, y septiembre de 1979. El centro de desaparición y torturas estaba a cargo del Tercer Cuerpo del Ejército, que comandaba Luciano Benjamín Menéndez, hoy condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba y Tucumán. El coronel César Anadón estuvo al mando directo de La Perla. Tenía cuatro edificios: dos utilizados por oficiales y suboficiales, otro como garaje y el restante destinado a alojar, torturar y exterminar a los secuestrados. Según testimonios de sobrevivientes, sobre la entrada a la sala de torturas un cartel señalaba: “Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos”.
El acto en La Perla, que a partir de abril abrirá sus puertas al público dos veces por semana
La Perla, el mayor centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en el interior del país durante la dictadura, fue habilitado ayer en Córdoba como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Frente a una multitud que se reunió para conmemorar el 33º aniversario del golpe de Estado, se reclamó “que todos los genocidas sean enjuiciados”, así como una mayor celeridad de los juicios en curso. El público podrá visitar La Perla a partir de abril dos veces por semana, aunque la sala de torturas estará vedada hasta que finalicen las pericias judiciales que aún se realizan allí.
“Por más genocidio que haya, la vida siempre supera a la muerte”, aseguró Emiliano Fessia, coordinador de la Comisión Provincial de la Memoria, que abrió el acto con su discurso. También miembro de HIJOS, que agrupa a los hijos de desaparecidos durante la dictadura, Fessia destacó la habilitación al público del predio donde funcionó el campo de exterminio por el que pasaron cerca de 2500 personas, de los que la mayoría continúa desaparecida, porque así se le daba “vida a un lugar en donde antes entraban los camiones de la muerte”. Entre las autoridades presentes en el acto estuvieron el vicegobernador, Héctor “Pichi” Campana; la coordinadora general del Archivo Nacional de la Memoria, Judith Said, y la fiscal federal de Córdoba, Graciela Filoñouk, una activa promotora de las causas contra los delitos de lesa humanidad.
Ornamentado el Patio de Armas con las fotos de los desaparecidos, el acto contó con la presencia de los sobrevivientes y organismos de derechos humanos, además de legisladores y gran cantidad de público. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, resaltó la “obligación y la responsabilidad del Estado nacional y provincial por proteger y promover la memoria” y destacó la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de transferir el predio militar para utilizarlo como sitio de la memoria. También tomó la palabra Emilia D’Ambra, titular de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, e hizo hincapié en el reclamo a “los sectores del Poder Judicial que intentan poner trabas con recusaciones e incompetencia de jueces” para entorpecer los procesos judiciales a los represores.
Conocido también como “la Universidad” en la jerga castrense por su “avanzado” sistema de torturas, La Perla fue el centro de detención más importante fuera de Buenos Aires. Funcionó entre febrero de 1976, cuando todavía gobernaba Isabel Martínez de Perón, y septiembre de 1979. El centro de desaparición y torturas estaba a cargo del Tercer Cuerpo del Ejército, que comandaba Luciano Benjamín Menéndez, hoy condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba y Tucumán. El coronel César Anadón estuvo al mando directo de La Perla. Tenía cuatro edificios: dos utilizados por oficiales y suboficiales, otro como garaje y el restante destinado a alojar, torturar y exterminar a los secuestrados. Según testimonios de sobrevivientes, sobre la entrada a la sala de torturas un cartel señalaba: “Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos”.
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